Prospectiva
Vidas destruidas
Por JAIME RÍOS OTERO
¿Y quién les va a pagar a los indígenas liberados por la Suprema Corte
de Justicia los sufrimientos en la cárcel, las vidas familiares destruidas, los
días y noches interminables encerrados, frustrados, mal comidos, y quizá con
enfermedades producto del abandono y la inmundicia de las prisiones? Ya se les
concedió la libertad, pero ¿a qué salen, a dónde van, cómo podrán recuperar una
vida que hace 16 años perdió su normalidad?
El de Acteal es uno de los hechos trágicos que han trascendido la
reducida esfera de la tierra chiapaneca y han pervivido en el tiempo. El 22 de
diciembre de 1997 fueron asesinadas 45 personas mientras participaban en un
servicio religioso en la iglesia de la comunidad Acteal, municipio de Chenalhó,
estado de Chiapas. De las víctimas, 16 eran menores de edad de uno y otro sexo;
20 eran mujeres y 9 hombres adultos. De las mujeres, 7 estaban embarazadas.
Según el gobierno, la masacre fue por conflictos étnicos, como si los
pobladores hubieran actuado por iniciativa propia, motivada por problemas entre
las comunidades y las familias. Según defensores de los derechos humanos, fue
el propio gobierno el que mandó matar a los habitantes para desarticular la
base social de Acteal, para combatir al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, con el que presuntamente esa comunidad, o más específicamente, la
organización indígena Las Abejas, estaba vinculada.
Los activistas por los derechos humanos hablan de que el Estado realizó
una estrategia contrainsurgente mediante la creación de grupos paramilitares
que se dedicaron a ejecutar a personas inocentes, arrasar poblaciones enteras,
saquear y quemas las viviendas de los pobladores y obligar a cientos a huir de
sus comunidades para salvarse, bajo el lema “quítale el agua al paz para que se
muera”.
Testigos de la masacre han narrado que los integrantes del grupo
comunitario “Las Abejas” fueron masacrados sin misericordia por unos 90
paramilitares en el interior del templo, en una operación que se extendió por 7
horas y tuvo lugar a sólo 200 metros de un retén de policía.
Unas 100 personas, en su mayoría indígenas, fueron detenidas y luego
recluidas en una cárcel de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Luego fueron
siendo liberadas conforme interponían distintos recursos, apelación, revisión,
amparos directos, reconocimiento de inocencia, etcétera.
Ayer se informa de que, por haber sido acusados con pruebas falsas, la
Primera Sala de la Suprema Corte resolvió y ordenó que 15 indígenas que han
permanecido encarcelados y sentenciados a 36 años de prisión, sean liberados,
por haber sido acusados con pruebas falsas, por lo que se violaron los
principios y garantías del debido proceso.
Las notas informativas consignan que al interponer el recurso de
reconocimiento de inocencia, hicieron valer que la sentencia dictada en su
contra se sustentó en las mismas pruebas que la Primera Sala de la Corte, en
diversos juicios sobre los mismos hechos, determinó indebidas. Éstas eran,
fundamentalmente, declaraciones de cargo hechas por personas a quienes se les
mostró un álbum fotográfico y “reconocieron” como los responsables a quienes
aparecían en él. La Sala consideró que las declaraciones fueron inducidas y por
tanto ilegales.
Así que otra vez, una vez más, sentenciados son liberados porque el
Ministerio Público falseó las pruebas. Eso dice la Corte.
Temas
misceláneos
*** Apenas unas tres horas después de que el subsecretario de Salud,
Arturo Navarrete, confirmara que hay desabasto de medicamentos en el sector
salud del Estado, el propio secretario, Juan Antonio Nemi Dib, informó que, de
manera urgente, se ha dotado a jurisdicciones y hospitales con liquidez para
que se abastezcan y enfrentar el caos, además de otras medidas para garantizar
el surtido de las medicinas.
*** El secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, anunció
que los elementos policiacos que han cometido agresiones contra periodistas
serán sancionados con 15 días sin goce de sueldo, a partir de este jueves.
*** En e-consulta Veracruz
(e-veracruz.mx) presentan el reporte sobre la distribución de la publicidad en
las distintas entidades federativas, según investigación de Artículo 19, Fundar Centro de Análisis e Investigación,
A.C. y la Open Society Justice Iniciative. ¿Cómo anda
Veracruz?
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