Prospectiva
Caída de alcaldes
Por JAIME RÍOS OTERO
Son por lo menos una
decena de presidentes municipales veracruzanos los que están en las mismas
condiciones que el de Banderilla y la de Zongolica, cuyas cabezas podrían rodar
irremediablemente. Y decimos que “por lo menos”, porque la información proviene
de una sola fuente, pero quizá haya más asuntos de la misma índole, habida
cuenta de que hay 212 municipios e igual número de autoridades.
Los medios fueron
coincidentes ayer al informar que la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo solicitó al Congreso iniciar el procedimiento de
declaración de procedencia en contra de Francisco Hernández Loaeza, presidente
municipal de Banderilla. La razón fue que omitió obedecer sentencias que le
ordenaban cumplir con los derechos de trabajadores despedidos
injustificadamente y otros a los que no se les respetan sus prestaciones
legales.
El diputado Américo
Zúñiga informó que el de Banderilla no es un caso aislado. Dijo que hay más de
¡1,200 laudos pendientes! Esto implica cientos de millones de pesos que
gravitan sobre las arcas municipales, pero que no son pagados porque a los
señores presidentes municipales no se les hinchan las ganas de hacerlo.
Y es que inmediatamente
que toman posesión, los presidentes municipales dan inicio a operaciones
guillotina para deshacerse de los empleados que sienten que no les convienen,
bien porque sospechan que son afines a otras corrientes políticas, porque
desean ocupar sus lugares para emplear a los incondicionales de los propios
alcaldes o sencillamente porque les caen gordo.
Pero realizan los
despidos de manera burda, sin guardar las formas elementales que exigen las
leyes, atropellando derechos constituidos y valiéndoles cacahuate cualquier
garantía procedimental. Luego, a lo largo de los juicios tampoco realizan una
adecuada defensa; mucho menos atienden las posibilidades de conciliación y,
naturalmente, los ayuntamientos acaban por perder los litigios.
El Congreso tiene
acumulados, además del de Banderilla, otras tres solicitudes de procedencia,
dio a conocer a Cambio Digital, el secretario del Congreso, Francisco Loyo
Ramos, que son los de Chacaltianguis, Tierra Blanca y Fortín. Hay que añadir la
situación insólita (propia de San Pedro de los Saguaros) de que en
Chacaltianguis el alcalde ejerce una monarquía porque carece de cabildo, desde
hace un año.
En el caso de
Zongolica, Cambio Digital informa que un juez federal concedió a ejidatarios
una suspensión definitiva a la orden de desalojo de un predio, instrumentada por la alcaldesa Irma Lidia
Mezhua Campos, misma orden que la alcaldesa incumplió. Así que esperan que la
autoridad amparadora tome cartas en el asunto de la violación a la suspensión.
Pero volviendo a
Banderilla, parece que el alcalde Francisco Hernández Loaeza es especialista en
meterse en problemas. Tiene otros asuntos pendientes como este: en el
expediente laboral 88/2005-IV del índice del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Poder Judicial del Estado, se condenó al Ayuntamiento de Banderilla
a reinstalar y pagar a los empleados Frida Avendaño Domínguez y Rafael González
Viveros.
Y en el expediente
479/2005-III, lo mismo, en relación con Angélica Yolanda Méndez González. El
Ayuntamiento reinstaló a los tres pero ha sido omiso en el pago de lo que les
adeuda (entre los tres, casi dos millones de pesos).
Ante ello, Frida y
Rafael promovieron la demanda de amparo indirecto 2225/2012, y Angélica la
2234/2012, ambas radicadas en el juzgado segundo de distrito. Se concedió el
amparo para el efecto de que el Ayuntamiento, inmediatamente, dé cumplimiento al
laudo, y pague a estos trabajadores. Al causar estado la sentencia, el juez
federal comenzó a requerir al Ayuntamiento. Si no cumple, de acuerdo con la Ley
de Amparo, el Juez de distrito manda el expediente a la Suprema Corte de
Justicia, y vuelan cabezas.
Claro, quizá para
entonces el alcalde Hernández Loaeza ya no esté en el cargo, habida cuenta de
que podría ser desaforado antes.
Por cierto, cabe
recordar que Banderilla fue ganado por la coalición Cambiar a Veracruz, de
corte izquierdista; Chacaltianguis y Tierra Blanca, por la Viva Veracruz, de
índole panista; y Fortín, de la Veracruz para adelante, de origen priista.
Temas misceláneos
*** En la ciudad de
México, los presidente nacionales del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y del PAN,
Gustavo Madero Muñoz, anunciaron en conferencia de prensa conjunta que a partir
de este domingo iniciarán movilizaciones sociales para defender la "Gran
Alianza Por Ti" entre ambos partidos políticos, que fue echada abajo por
el Tribunal Estatal Electoral.
Hasta el lunes
columnaprospectiva@gmail.com
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Los amparos post Cassez
Por JAIME RÍOS
OTERO
Era de esperarse
que, luego del amparo concedido a la ciudadana francesa Florence Cassez,
hubiera una revolución de juicios de garantías promovidos por ciudadanos que
purgan condenas en las cárceles del país, y que alegan que sus derechos fueron
violados durante el proceso.
Lo peor es que,
desgraciadamente, en demasiados casos, eso es cierto. Uno de los temas que el
sistema mexicano de justicia no ha podido resolver es el de las deficiencias que
tienen las investigaciones ministeriales o averiguaciones previas, que son
realizadas y presentadas con toda clase de anomalías y fuera de las garantías
procedimentales.
Y los señores
jueces así las convalidan, a veces por negligencia, en otras porque apretar es
para ellos un negocio mejor. El conocimiento y el apego a códigos de ética están
ausentes en muchas decisiones que se adoptan en la judicatura. Lo que importa
en el caso es el monto de lo que puede aportar el indiciado para obtener el
auto de libertad.
Y como los niveles
de responsabilidad que se les exigen a los juzgadores son ínfimos, por no decir
inexistentes, hacen lo que quieren. Además, los abogados saben que cada juez
tiene vinculaciones cercanas con ciertos magistrados, que a la hora de resolver
las apelaciones usualmente lo hacen en el mismo sentido que sus protegidos.
Los amparos
concedidos, por ejemplo en materia penal, indican el nivel de eficacia de los
jueces. En la estadística de mayo a julio de 2012, de los amparos que fueron solicitados,
se concedió el 8% y el 9% fue negado. Del total de casos resueltos, 83% de los
implicados no accionó el juicio de garantías. De agosto a octubre del mismo año
pasado, fue negado un 3% y concedido un 3%. Los demás, no se ampararon. Con
esas estadísticas tan parejas es fácil colegir que si el 100% de los procesados
hubiera demandado el amparo, éste hubiera sido otorgado en un 50%.
Imagínese lo que
significa que un 50 por ciento, la mitad del total de asuntos radicados y
resueltos, fueron llevados erróneamente. Es una cantidad monstruosa.
Bueno, el caso es
que el detonador de las demandas de amparo no fueron las reformas a la
Constitución de hace unos meses, y con ello el inicio del control generalizado
de la convencionalidad, sino el escandaloso asunto de la liberación de la
secuestradora Florence Cassez.
Según datos que
consignan los medios nacionales, hay preocupación en la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia por el alud de amparos que están siendo interpuestos,
donde supuestos criminales piden la protección de la justicia de la unión y
alegan que a ellos también se les violaron sus derechos humanos.
Lo que realmente
urge es que se dé una depuración seria y una capacitación con exigencias de
calidad en las procuradurías y en los poderes judiciales de los estados para
evitar las deficiencias en la preparación de los servidores públicos. Y claro,
también que les paguen buenos sueldos a los jueces, ministerios públicos,
secretarios, etcétera, para que no tengan necesidad de morder. Es algo que sí
se puede lograr, y el ejemplo es el Poder Judicial Federal.
Temas misceláneos
*** Interesantes
puntos plantea Víctor Salas Rebollo sobre las posibles inconsistencias
jurídicas en la resolución del Tribunal Estatal de Elecciones para anular la
coalición PAN-PRD rumbo a las elecciones de julio.
Entre éstas se
contarían la falta de acreditación de interés jurídico por parte de los
militantes de los partidos, y la incorrecta fundamentación y motivación, al no
haberse, supuestamente, interpretado correctamente los artículos relativos al
dichoso porcentaje del 60%, en los estatutos del PRD, porque tal reglamento no
especifica si es de los integrantes o de los presentes.
Salas tiene
confianza en que se volverá a restituir la denominada Gran Alianza por Ti.
*** El affaire en
que Manlio Fabio Beltrones descalifica la opinión del gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre, quien le demanda mayor presupuesto en vez de criticar a los
gobernadores donde existen grupos de autodefensa, le ha llovido críticas al
diputado.
Los lectores de los
portales de Internet coinciden en que si existen esos grupos de civiles armados
es precisamente por la falta de eficacia del gobierno para brindarle seguridad
a la población.
Beltrones había
minimizado la réplica del gobernador diciendo que primero habría que
cerciorarse de que el mandatario estaba sobrio cuando hizo las declaraciones.
*** Muy agasajado
el profesor Marco Antonio Figueroa Quinto por los asistentes al desayuno que
fue citado por Leonor de la Miyar ayer en la calle Basurto. Los asistentes
coincidieron en que ha sido un líder social muy preocupado por los paisanos en
situación vulnerable. Permaneció rodeado por la anfitriona y numerosos amigos
como Edda Arrez, Fernando Arteaga Aponte, en representación de Adolfo Mora;
Antonio Tornero, Carlos Luna Escudero, Evangelina Rizo Murrieta, José Zaydén,
Roberto Macías Bañuelos, Gloria Fernández de Lara, Gerardo Fernández Carreto, y
otros entre los que se mezclaban leones, masones, periodistas y grillos.
Marco anunció su
determinación de dedicarse a la política, ahora desde el partido político
nacional “Coalición Ciudadana”.
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