Prospectiva
Albazo
del PRI a la Corte
Por
JAIME RÍOS OTERO
Para
la oposición, el hecho de modificar nuevamente el artículo 373 del Código Penal
del Estado es sólo una treta del gobierno para que la Suprema Corte se vea
impedida de resolver la acción de inconstitucionalidad sobre el delito de
perturbación del orden público; para los diputados priistas, es sólo
adelantarse a lo que sería la resolución de aquel Tribunal; y para el
subsecretario Ampudia, es atender lo que recomienda la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
El
caso es que ayer fue aprobada por el Congreso del Estado la reforma que
modifica el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, para introducir la
existencia de la intencionalidad como presupuesto para acreditar el delito de
perturbación del orden público, el cual fue creado el 20 de septiembre de 2011
como un subterfugio para matizar el berenjenal en que se metió el gobierno al
procesar a la periodista Maruchi Bravo Pagola y al profesor Gilberto Martínez
Vera.
El
tipo penal ahora establece: “al que con la intención de perturbar el orden público, dé
a conocer falsamente, a sabiendas de ello y por cualquier medio, la existencia
de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de ataques
con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan
causar daño a la salud, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de
quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del
orden efectivamente producida”.
Cabe
señalar que esta reforma fue aprobada solamente por la mayoría priista, ante la
oposición de los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes
argumentan que el artículo aprobado en 2011 fue objeto de una acción de inconstitucionalidad,
misma que sigue pendiente en la Suprema Corte, por lo que, a su juicio, debió
esperarse a que salga la resolución.
Para
el perredista Rogelio Franco, la iniciativa es una estrategia del gobierno para
que la acción de inconstitucionalidad se declare sin materia, al haberse
desaparecido el artículo original sometido a su valoración. Por cierto, cabe
destacar que fue nada menos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la
que planteó el mecanismo de control constitucional.
Por
su parte, el priista Eduardo Andrade advierte que el artículo será declarado
constitucional por la Suprema, pero que no es indispensable esperarse a que
salga la resolución para perfeccionar la norma, lo cual ya se hizo desde ahora.
Días
antes, el subsecretario de Gobierno, Enrique Ampudia Mello, había argumentado que
la modificación sólo es la materialización de una sugerencia planteada por la
propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de ninguna manera regula,
restringe o menoscaba el uso de las redes sociales o de los derechos humanos,
sino sólo permitirá alcanzar una debida protección a los miembros de la
sociedad.
La
oposición no tiene la intención de quedarse de brazos cruzados ante esta nueva
situación. Sus diputados advierten que interpondrán una nueva acción de
inconstitucionalidad por considerar que el asunto es más de fondo, ataca
directamente la libertad fundamental de expresión y constituye una regresión
hacia los años de la represión en nuestro país.
Temas
misceláneos
***
Esta vez tendré que admitir que estoy de acuerdo en que sea cambiado el nombre
de nuestro país. Que deje de llamarse Estados Unidos Mexicanos para ser
simplemente México. Este último es el apelativo con el que somos universalmente
reconocidos y que se emplea en todos los idiomas, mientras que el otro sólo es
una vulgar y penosa copia del nombre de nuestros vecinos, que para nosotros
carece de efectos prácticos.
He
tenido la oportunidad de participar en algunas pocas actividades
internacionales donde México es reconocido como México. Y cuando hay necesidad
de traducir, por ejemplo al inglés, el nombre oficial, lo traducen como “United
States of Mexico”, lo cual es todavía más ridículo.
Los
mexicanos somos tan grotescos y prosopopéyicos, que con su singular humor el ex
gobernador Miguel Alemán recordaba, respecto de su título de “Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano…”, etcétera, que algún amigo
extranjero, extrañado de tanto rollo, le preguntó si entonces él era gobernador
del estado Constitucional. Tan sencillo que es decir: Gobernador de Veracruz.
¡Y ya!
Hasta
el lunes.
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